Investigación vincula al senador Efraín Cepeda con presunto cobro de coimas en Barranquilla

Una reciente investigación de la revista RAYA ha puesto bajo la lupa al senador conservador Efraín Cepeda, señalándolo por su presunta participación en el cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de infraestructura carcelaria en 2018.
​El caso: El contrato de la cárcel «El Bosque»
​De acuerdo con la Unidad Investigativa de RAYA, los hechos se centran en un contrato de $3.000 millones de pesos destinado a la ampliación de cupos en la cárcel El Bosque de Barranquilla.
​La cifra: Se habría exigido una coima de $300 millones (el 10% del valor total).
​El contexto: El contrato se dio bajo la figura de «urgencia manifiesta» debido al hacinamiento carcelario.
​Los pagos: Según testimonios, se habrían entregado $180 millones, quedando un saldo pendiente por retrasos administrativos.
​Actores clave y el rol de los intermediarios
​La investigación se basa en chats de WhatsApp y testimonios protegidos que dibujan el siguiente esquema:
​Clemente Fajardo Chams: Entonces secretario de Gobierno de Barranquilla. Según la denuncia, actuó como intermediario.
​Luis Enrique Guzmán Chams: El contratista a quien supuestamente se le exigió el dinero.
​»Fincho»: Pseudónimo con el que se refieren a Efraín Cepeda en los chats citados.
​Cita clave: En las conversaciones reveladas, Fajardo menciona una presión “insoportable” por la demora en los pagos, lo que sugiere un acuerdo previo para beneficiar a terceros vinculados a la política local.
​La defensa del Senador
​Ante los señalamientos, el senador Efraín Cepeda ha mantenido una postura de rechazo absoluto:
​Negación: Niega cualquier vínculo con el cobro de comisiones.
​Distanciamiento: Afirma que no tiene relación política ni personal con Clemente Fajardo desde hace más de una década.
​Estado actual de la situación
​Es importante precisar que:
​La información publicada por la revista RAYA es de carácter periodístico.
​No existe actualmente una sentencia judicial ni decisión en firme de los organismos de control.
​Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación verificar la veracidad de los chats y testimonios para determinar si hubo delitos.