!ATENCION¡ El Fraude de las EPS al Descubierto: Contraloría Confirma Hallazgos en Nueva EPS

​El Gobierno del Cambio ratifica su postura: «La corrupción estaba en el corazón del sistema».
​Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha desatado una tormenta política y judicial al confirmar las denuncias que el presidente Gustavo Petro sostuvo desde el inicio de su administración. Las irregularidades en la Nueva EPS no solo son financieras; representan un golpe directo al derecho fundamental a la salud.
El Escándalo en Cifras: Lo que Ocultaba la Nueva EPS
​La intervención estatal permitió levantar el velo sobre un maquillaje contable sistemático. Estos son los hallazgos más alarmantes:
​$5 Billones de Pesos: Es el monto total del ocultamiento contable detectado.
​12 Millones de Facturas: Documentos que nunca fueron registrados oficialmente para evadir el control de las autoridades.
​Doble Contabilidad: Se entregaron estados financieros distintos a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud para sostener artificialmente un modelo quebrado.
​Deuda Histórica: Entre 2017 y 2024, las IPS reclamaron más de $30 billones, de los cuales la gran mayoría nunca fueron cancelados, asfixiando a hospitales y clínicas.
​El Diagnóstico del Gobierno: «Un Sistema Diseñado para el Saqueo»
​Según el Ejecutivo, la lógica de las liquidaciones de las últimas décadas solo sirvió para un propósito: proteger a los dueños de las EPS y dejar deudas impagas. > «Hoy esa lógica se rompe: ya no se tapa el hueco, se destapa la corrupción», afirma el Gobierno.
​El Nuevo Modelo de Salud busca:
​Giro Directo: Eliminar la intermediación financiera para que el dinero llegue directamente a quienes prestan el servicio.
​Control Estatal Real: Los recursos de la salud son públicos y su vigilancia no es negociable.
​Prioridad en la Vida: Fomento de la red pública y reducción de indicadores críticos como la mortalidad materna e infantil.
​Consecuencia Política: ¿Tenía razón Petro?
​Para los defensores del Gobierno del Cambio, este informe de la Contraloría es el «punto de quiebre» en el debate sobre la Ley 100. El argumento es simple: el problema nunca fue la reforma propuesta, sino un sistema que permitía el desvío de recursos públicos hacia intereses privados mientras se negaba la atención a los ciudadanos.
​El Estado recupera el control: Cuando la salud deja de ser un negocio de facturas ocultas, comienza a ser un derecho garantizado.