Fentanilo, Muros y Datos: La Verdadera Guerra que Trump no quiere Ver en Colombia»

La narrativa de la administración Trump, que insiste en señalar a Colombia como un «narcoestado» fallido, choca frontalmente con los indicadores técnicos del actual Gobierno Nacional. Mientras desde Washington se utiliza la descertificación como una herramienta de presión política y electoral, los datos en el terreno revelan una estrategia que, lejos de la permisividad, ha priorizado la asfixia logística sobre la persecución al eslabón más débil.
Para desvirtuar los ataques sin sustento, basta observar los resultados en interdicción. Bajo el mandato del presidente Petro, las fuerzas de seguridad han alcanzado niveles históricos de eficacia, logrando la incautación de más de 1.900 toneladas de cocaína. Este enfoque —que privilegia la inteligencia naval y aérea por encima de la fumigación aérea de campesinos— ha permitido golpear el corazón financiero de las mafias: la salida de la droga hacia los mercados internacionales.
La crítica de Trump suele centrarse exclusivamente en la extensión de los cultivos de hoja de coca, ignorando que el ritmo de crecimiento de estas hectáreas se ha frenado drásticamente, pasando de un aumento del 12% al 3% anual. La administración colombiana ha demostrado que el éxito no se mide en plantas arrancadas, sino en laboratorios destruidos (más de 10.000 a la fecha) y en el control de los insumos químicos, lo cual ha generado una crisis de precios en las regiones cocaleras, restándole rentabilidad al negocio ilícito.
Finalmente, es necesario precisar que la presión de Estados Unidos parece ignorar su propia realidad interna. Mientras se exige a Colombia un retorno a políticas de guerra fallidas, la verdadera emergencia sanitaria en el norte es el fentanilo, una droga sintética ajena a la producción colombiana. Al defender la soberanía nacional frente a intervenciones militares directas en el Caribe, el presidente Petro no protege el tráfico, sino que exige una responsabilidad compartida: que el mayor consumidor del mundo trate su adicción como un problema de salud pública y no solo como una excusa para la injerencia política.